La Olla llenando vacíos


Por Ana Laura Pérez de La Serna

“Entre tanta incertidumbre que amenaza con desestabilizar, con encontrarnos desencontrados que no falten los barrios organizados.

Los barrios que estando en los márgenes no paran de visibilizarse en cada sumatoria de manos de hierro que sostienen las ollas, que llenan las ollas y reparten alimento.

Alimento que es más que llenar la panza en la emergencia, es mucho más, es la entrega en pedacitos de quienes se organizan para construir/ hacer para y con el otrx.

Es alimento psíquico.

Son las manos inquietas creando donde el Estado no llegó, donde el Estado no llega. Porque quedó claro como insignia y corazón de cada barrio postergado el SÍ A LAS OLLAS, siempre.

Que no falte el grito que cada barrio impulsa y replica cada vez que falta unx pibe.

Que no falten los barrios que saben que "los nadies" siempre valen más "que la bala que lxs mata", que hacen de cada nombre de quien no está presente en la memoria que pulsa por negarse al olvido.

Y que falte, que falte siempre en los barrios las violencias que son eco de derechos ultrajados. Las violencias que producen las fuerzas de (in) seguridad cada vez que pujan por replicar lo siniestro en cada guiño que se ampara en la represión. Que algún mágico día no sólo llueva la buena suerte, que todos los días la tierra que pisan los barrios sea suelo de derechos.

Entre tanta incertidumbre, sin duda esa es y será la política en la que creemos”.



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La jugada es colectiva.




La pausa forzada de la cuarentena y el contraste con las urgencias que impone el estado de emergencia social plantean un tiempo escindido: entre un presente que demanda soluciones inmediatas -y al mismo tiempo nos inmoviliza-, y un futuro incierto.

Esa temporalidad escindida no es nueva en este trabajo que hacemos. Con ella lidiamos desde el primer día que llegamos al barrio. Planificar se desvanecía como un “concepto de clase media” frente a la pregunta que se imponía: ¿Cómo se planifica con el estómago vacío?

Con nuestros manuales munidos de conceptos como derechos humanos, acción colectiva, justicia social, pedagogía de la presencia, etc, etc, abordamos un territorio que se nos ríe en la cara. Nos pone en ridículo. Nos marca la cancha. Así, la urgencia nos arma la agenda, y terminamos posponiendo planes, estrategias de intervención, y proyectos iniciales. El estado de emergencia no es novedad, es la constante. Primer desafío a nuestros esquemas temporales.

Pero no es sólo la urgencia la que nos desvía de nuestros proyectos iniciales, sino también las distancias culturales. Muchas veces levantamos banderas en nombre de sus habitantes, que no son compartidas por ellos. Lo segundo que aprendemos es a negociar con nuestras expectativas. Y a entender que justamente son eso, nuestras... y que eso no significa bajarlas, sino comprender otras necesidades y maneras de entender y habitar el mundo.

Volviendo al contexto actual, la pandemia y la cuarentena obligatoria, sin dudas potencian este estado de emergencia crónica. De repente, nos vemos convocando -en tiempo récord- a una colecta solidaria, para colaborar con el comedor, para atender al estado de emergencia alimentaria.

¿Y el Estado? No es la idea de esta nota enumerar las acciones de demanda que se han hecho en estas semanas, ni asumir un tono de denuncia. La intención es reflexionar acerca de cómo llega el Estado al territorio; a este territorio, el del barrio... periférico, marginal, en donde la calle es al mismo tiempo espacio de sociabilidad y de riesgo para sus pibes. Y sostener la pregunta sobre qué relación entablamos como asociación civil con ese Estado.

Entre el Estado punitivo y el Asistencial

Lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es un actor único, al que podamos endilgarle una intencionalidad, sino que más bien está conformado por distintos estamentos, por actores con distintas funciones y niveles de responsabilidad. Podemos decir, con la lente de Pierre Bourdieu, que en las distintas esferas de la administración pública se despliega un terreno de lucha, entre distintos actores, que ponen en juego distintos intereses y capitales, materiales, simbólicos y culturales, y que se disputan la definición de ese espacio.

Por eso insistimos en la pregunta: cuál es el Estado que llega a ese territorio, el de los barrios marginales, y cómo llega. Y nos arriesgaremos a decir, que en el mejor de los casos, el Estado que llega es el Estado asistencial, aquel que se materializa en asignaciones sociales. Esenciales, claro, no se negocia con eso. Tiene que ver con derechos básicos, inalienables, y que son el legado de luchas históricas. La cuestión es cómo acompañar esas políticas de asistencia con otras que tiendan a promover procesos de autonomía y no de dependencia.

En el peor de los casos, el Estado que se presentifica en los barrios es el punitivo o gendarme. Y allí, “peor”, no es precisamente sinónimo de “situación extrema”, o “poco frecuente”, sino todo lo contrario. Volvemos al punto donde la emergencia es la regla y no la excepción. Es el Estado que está a la vuelta de la esquina, esperando a sus pibes para someterlos a algún control, y llevarlos a una comisaría por una horas, para que vayan entendiendo los vericuetos del sistema penal, asumiendo el destino de terminar, como muchos de sus padres, hermanos, tíos, vecinos, cada tanto, tras las rejas. Entre el estado asistencial y el punitivo parece no haber soluciones intermedias. En el mejor de los casos semblantea una fachada progresista, ajustada al derecho, pero abunda en intervenciones que van en sentido contrario. Es un Estado que exuda por sus poros el paradigma del Patronato. Ese Estado que sólo aparece ante la emergencia, y hasta en ese momento, con el tiempo pisándole los talones, ¡llega tarde! Ese Estado que insiste entre la no intervención, y la intervención extrema, que apela siempre a lógica de la sustracción, el aislamiento y el castigo.

Y eso termina de cristalizar en las representaciones simbólicas que tienen los vecinos del barrio, y me arriesgo a decir, que se replican en casi todos los barrios marginales. Y que se dejan traslucir en algunos comentarios, cuando nos identifican como “los de niñez”, o nos daban a entender, allí, hace cuatro años, cuando recién desembarcábamos, que éramos quienes veníamos a “llevar a los niños”. Se materializaba así la clásica figura del asistente social normalizador del patronato, investido de un poder policial. La “cara buena” del poder punitivo. Aún hoy en día nos siguen convocando desde ese lugar cuando ellos mismos requieren, en la desesperación, ese tipo de soluciones desde el Estado. Cuando por ejemplo, nos piden que los orientemos para conseguir un cupo de internación para algunos de sus hijos, adolescentes, que permanecen la mayor parte del tiempo en la calle, consumiendo y robando.

De nada sirve aclarar que no somos Estado, que somos una asociación civil, que trabajamos desde otro lugar, que apelamos a otras soluciones que no sean drásticas, bla bla bla. No es la ignorancia la que alimenta esos fantasmas, es la fuerza de la realidad, y la imposibilidad de imaginar otras formas de intervención que apunten a la prevención y la promoción de derechos. ¿Qué es eso? Cuando traemos esos conceptos, y otros, a nuestros diálogos, y a nuestras intervenciones concretas, nos topamos con miradas ausentes. No es que no entiendan, es que en el fondo suenan a palabras huecas, no hay intervenciones ni soluciones reales de parte del Estado que los encarnen. Y entonces, volvemos al punto en donde nuestros manualcitos nos dejan desarmados, y donde tenemos que negociar con esos imaginarios.

Retomemos ahora la situación actual. En estos momentos de emergencia social como es cuando justamente entendemos la importancia de un Estado presente. Cuando nos damos cuenta que podría ser peor. Cuando la emergencia llega a las clases medias, ahí sí parece que el Estado se vuelve necesario. Parece que la situación de emergencia permanente en que viven algunos sectores, desde siempre, es parte del paisaje, se naturaliza, y hasta se vierte una mirada moralizante, culpabilizante, sobre ellos, en tanto responsables de la persistencia de ese estado asistencialista, parasitario y punitivo.

Recapitulemos. Cómo llega el Estado a aquellos sectores que no pueden alinearse a la orden del “quedate en casa”, porque simplemente no existe tal casa, en tanto espacio de contención y abrigo, y porque quedate en casa implica no poder llevar el plato diario de comida a la mesa. Dónde está el Estado cuando se cierran la escuelas, cuando los comedores que ya venían desabastecidos, se ven desbordados en sus demandas, cuando los servicios de atención a la infancia y adolescencia, ya de por sí precarizados, atienden mediante un sistema de guardias, y así podemos seguir. Los medios de comunicación nos mostraron varias escenas de violencia institucional ejercida sobre pibes que andaban “violando la cuarentena”, revolviendo en la basura para sobrevivir. Ese sí, el estado policial, sigue ahí nomás, a la vuelta de la esquina.

El Estado y las asociaciones civiles

¿Y cuál es nuestro rol, nuestra función como asociación civil, en la relación con ese Estado? ¿Cuáles son nuestras posibilidades de intervención y nuestros límites?

Sin entrar en detalles, que puede ser material de futuros análisis, creo que ya se dio aquí una aproximación a ello. El foco no está puesto aquí en nuestro trabajo, sino en el contexto en el cual se despliega.

Podemos ir más allá y preguntarnos cuál ha sido históricamente la relación entre el Estado y las organizaciones sociales en general. Sin dudas ellas, tampoco son una entelequia, sino un colectivo demasiado amplio, con diferencias en su interior al respecto, tanto en relación a sus objetivos, como a la relación que entablan con el Estado.

Debemos reconocer que las organizaciones surgen justamente en momentos en que el Estado falla o se ausenta en sus responsabilidades, la primera de ellas, la de preservar la vida; o cuando incluso hace abuso de su poder, como aquellas que surgieron en el marco del terrorismo de Estado en nuestra historia reciente. Y muchas organizaciones sociales en la actualidad sostienen ese objetivo de luchar contra ese poder represor del Estado, que traza sus líneas de continuidad en democracia.

Más tarde, con el terreno allanado por las políticas neoliberales, germinaron organizaciones sociales embanderadas en la apolítica, como si tal cosa fuera posible. Sin dudas pesaba sobre ella ese imaginario de una de las últimas crisis de nuestro Estado, cuando la sociedad llegó a pedir “que se vayan todos”, y hubo una breve convulsa asambleísta. Luego, a muchas de estas organizaciones no gubernamentales se las responsabilizó de funcionar como parches del Estado, ¡como si pudieran serlo!, de tapar aquellos agujeros que el Estado dejaba sin cubrir, legitimando de esa forma, un modelo social en donde se pudiera prescindir del mismo. Oenegismo, es el concepto que sintetiza ese rechazo. De más está decir que muchas asociaciones civiles se siguen identificando con esos esquemas.

También hubo momentos de diálogo entre el Estado y las organizaciones, momentos en que algunas de ellas se alinearon con alguna gestión, acorde a sus intereses. Cabe aclarar que “sin fines de lucro” no es sinónimo de “sin intereses”. Cualquier actor social lo hace movido por un interés, eso es inevitable, por eso sí o sí se interviene desde un posicionamiento político.

Y por otro lado, cabe destacar que aún en gobiernos de base popular, críticos de los esquemas neoliberales, el Estado sigue tercerizando una parte de su trabajo en asociaciones civiles, mediante convenios. Respecto al ámbito de la niñez y adolescencia que nos convoca, gran parte del trabajo territorial, sea en la modalidad de centros de día, o bien residenciales, es ocupado por asociaciones civiles.

Nuestra asociación civil trabaja hoy mediante un convenio con el estado provincial, bajo su amparo regulatorio y con un subsidio que nos permite solventar y sostener este trabajo en el tiempo. Vale aclarar también que sin fines de lucro, tampoco significa, gratis. Todo trabajo insume un gasto de tiempo y energía que merece su reconocimiento. Lo social no tiene por qué ser el ámbito en el que se invierte durante el tiempo libre, el tiempo que queda como residuo de aquellas actividades centrales que ocupan la mayor parte de nuestro dia. El trabajo de intervención social, en territorio, merece ser jerarquizado como tal, como cualquier otro trabajo. Por eso, no concebimos trabajar por los derechos de los sectores vulnerados, desde un lugar de no reconocimiento de ese trabajo como tal.

El convenio que asumimos con el Estado, no nos exime de nuestra obligación de exigirle que se ocupe de sus responsabilidades. Hay espacios que no pueden ser ocupados por las asociaciones civiles. Elegimos la metáfora del puente para describir nuestra relación con el Estado, en tanto espacio de vehiculización de demandas, de acercamiento del Estado al territorio, y no de reemplazo. Claramente no somos un espacio neutral, en el sentido de que esas demandas pasan por nuestro tamiz, y la comunicación tiene múltiples interferencias en ese sentido. Pero de eso se trata: de un diálogo.

La pelea es por un Estado que promueva derechos, y que no los vulnere. Un Estado que trace puentes de diálogo con sus bases territoriales, que escuche sus necesidades y reclamos, y responda en tiempo y forma. No es necesario que enumeremos los derechos humanos inalienables que le corresponde garantizar, y por los que como ciudadanos y organizaciones, nos corresponde pelear. ¡O si! Evidentemente, estamos acostumbrados a naturalizar una sociedad en donde más de un 35% vive en condiciones de pobreza. Y en esas condiciones ningún derecho puede ser garantizado.

En nuestro caso, peleamos por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Derechos que no se ejercen en un vacío, sino en condiciones materiales concretas. En el marco de familias y comunidades e instituciones, que puedan abrigarlos, y no expulsarlos. Y es desde la política pública desde donde dichas condiciones deben asegurarse.

Nada nuevo bajo el sol trae la pandemia. Solo desnuda una situación preexistente. Pero quizá esta pausa forzada sirva también para aclarar estas cuestiones. Para poner las cartas sobre la mesa, y que cada quien tome la que le corresponda.

El tablero está desplegado, pero falta echar luz sobre sus zonas oscuras y sus cartas marcadas. Los jugadores no participan en igualdad de condiciones. Desmontemos el mito de la meritocracia, que es la otra cara del Estado maniqueo, paternalista y punitivo. Se necesitaría de un nuevo reparto para poder pensar en la posibilidad de jugadas estratégicas.

¿Y las reglas del juego? ¿de qué “Interés Superior del Niño” hablamos, cuando el marco jurídico institucional del Sistema de Promoción y Protección de Derechos (SPPD), no es acompañado por una estrategia integral de abordaje territorial hacia los sectores marginados, acordes con lo que el paradigma que lo sustenta pretende?

Por nuestra parte, con nuestras estrategias limitadas por las cartas que tenemos a disposición, apuntamos a promover intervenciones concretas que den sustento real a lo que nuestras normativas regulan. No somos librepensadores, no actuamos en una vacío, con nuestras propias reglas. Somos parte del SPPD, no queremos patear el tablero, tenemos intereses creados en que el juego se sostenga (parafraseando a Bourdieu), es decir, en que se materialicen los derechos que nuestras leyes pregonan. Nuestra función es acompañar al Estado en dicho proceso, y eso implica marcar también sus falencias.

Por otro lado de este juego participamos todos, tanto el que quiere como el que no. Las reglas del juego hablan de “la responsabilidad compartida”, interpelando a todos los adultos, sea desde marcos institucionales, como en su singularidad, en tanto responsables de que el mismo se lleve a cabo respetando las reglas.

Por eso invitamos a quienes llegaron acá con estas líneas, a sumarse activamente al juego, a tomar cartas en el asunto. Necesitamos imperiosamente que así sea. La jugada es necesariamente colectiva, y sino tiene vida corta.

Es necesario generar consensos sociales que puedan poner en cuestión los relatos que convocan a las salidas individualistas, que apelan de forma bipolar a la demonización y a la romantización de la pobreza. Es prioritario potenciar las redes territoriales, y trabajar de forma articulada, involucrando a distintos actores sociales, y que el Estado se apoye en la mismas, diseñando su agenda en diálogo con ellas, y no en función de la emergencia de turno.



Nuestras cartas, nuestro territorio

Ruedat trabaja en el barrio de la 90 de Villa Elvira desde el año 2016. Lo hace a través de distintos dispositivos: talleres de juego y expresión con los niños y adolescentes, intervenciones con las familias, y articulación con distintos efectores del Sistema de Promoción y protección de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El barrio en el cual se desarrolla el proyecto Proyecto Rueda, se encuentra en una zona de fácil acceso desde el centro de la ciudad, y de alto tránsito. Está en los límites marginales del barrio Villa Elvira y es un asentamiento, de casillas precarias edificadas en terrenos fiscales, sobre una calle que es un tramo de una ruta provincial, y de espaldas al arroyo Maldonado- que se desborda de forma recurrente-, rodeados de basurales.

La mayor parte de los niños del barrio de la 90, viven en casillas precarias, en condiciones de altos niveles de insalubridad, y con altos niveles de hacinamiento. Su padres o cuidadores responsables, en la mayor parte de los casos son desocupados crónicos, y viven de changas. Las familias son numerosas, y predominan los niños. Los niveles de deserción escolar son altos. Las situaciones de violencia son recurrentes, y muchos de los adolescentes se ven involucrados en circuitos asociados al consumo problemático de sustancias y al delito.



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